ENTRE RIOS: PERIFERIA DE LA PERIFERIA

Una de las tendencias estructurales que surgen de la dinámica del capitalismo es hacia el crecimiento heterogéneo, polarizado y desigual. Esto significa que tanto la acumulación de capitales y la mayor producción de bienes y servicios que se generan, como su distribución, no se dan de una manera equilibrada a nivel sectorial, regional y social. Por el contrario, por su propia dinámica va produciendo polarización y desigualdades.

Así, el sistema capitalista internacional presenta un reducido número de países centrales o dominantes, y una gran cantidad de países periféricos o dependientes. Pero dentro de cada país se reproduce tal situación, con la existencia de zonas y regiones centrales o ‘desarrolladas’, y de zonas y regiones periféricas o ‘subdesarrolladas’. En nuestro país el centro ‘desarrollado’ estuvo siempre en la zona del puerto de Buenos Aires y el litoral pampeano, con algunos islotes de ‘desarrollo’ en otras partes del territorio que no alteraron esa ecuación fundamental. Allí se asentaba el grueso de la población, de la riqueza, de las inversiones, de la infraestructura, etc.

Nuestra provincia, a pesar de la cercanía geográfica con el centro desarrollado, no formó parte del núcleo central. Y se insertó, dentro de la división regional del trabajo como proveedora de materias primas, con un escaso desarrollo industrial. A su vez, reproduce dentro de su territorio la típica desigualdad entre diferentes zonas.

Esto sucede porque la lógica capitalista y las ‘libres fuerzas del mercado’ tienden a concentrar las inversiones en las zonas de mayor crecimiento potencial, para aprovechar los mercados existentes. Y cuando dos regiones de diferente grado de desarrollo establecen relaciones económicas, el excedente se acumula en la más desarrollada (donde además residen los actores más poderosos), en una especie de círculo vicioso que refuerza las desigualdades iniciales.

Esta tendencia natural del capitalismo puede profundizarse o atemperarse con el accionar deliberado del Estado, que con sus políticas actúa desde ‘afuera’ del mercado modificando su dinámica y generando cambios intencionales. Pero en el caso de Entre Ríos, el perfil que tuvo inicialmente desde la conformación de la Nación no se modificó sustancialmente, y los rasgos básicos de su estructura socioeconómica se mantienen en el tiempo. Eso ha dado ciertas particularidades propias, que se agregan a las características compartidas con el resto del país, dentro del contexto general del capitalismo argentino.

Así, por ejemplo, cuando se produjo el proceso de industrialización en la Argentina (ISI) a partir de los años ’30 y hasta mediados de los ’70 del siglo XX, la provincia no acompañó plenamente ese proyecto industrialista, sino que se limitó a la manufactura de ciertos bienes alimenticios y sólo mantuvo emprendimientos ligados a una primera transformación de la producción primaria (frigoríficos, lácteas, molinos, etc). Pero no generó industrias vinculadas a los sectores más dinámicos, que fueron los de mayor crecimiento en el país durante la denominada ISI (metalmecánica, siderurgia, etc).

Habrían incidido en este proceso, entre otras causas, el aislamiento relativo de nuestro territorio (rodeado totalmente por cursos de agua), el peso de los sectores ganaderos tradicionales (sin una cultura emprendedora capitalista), la debilidad del sector empresario interno y la falta de un proyecto político claramente transformador.

Durante décadas de lento crecimiento, Entre Ríos fue perdiendo gran parte de su población joven, que emigraba hacia el resto del país (en especial hacia las zonas más industrializadas) en busca de mejores condiciones de vida. Eso se refleja en el bajo crecimiento poblacional (casi estancamiento) entre mediados de los años ’40 y mediados de los años ’70 del siglo XX, y en que en tres décadas se fueran de la provincia alrededor de 600 mil entrerrianos.

La crisis de la ISI a nivel nacional, si bien no impactará tan fuerte en la provincia (con su sector industrial poco desarrollado) tampoco permitirá tener un crecimiento dinámico. No obstante, el proceso migratorio hacia fuera del territorio se interrumpirá relativamente (aunque continuará el migratorio interno desde el campo a la ciudad), debido a la falta de perspectivas de trabajo en el núcleo industrial del país; aunque en su reemplazo surgirá un nuevo problema internamente: el crecimiento del desempleo y subempleo a niveles desconocidos en las ciudades. Este problema se advierte claramente en las estadísticas oficiales durante las décadas de los ’80 y los ’90, en paralelo a lo que sucede a nivel nacional, ante la falta de sectores dinámicos que generen empleo.

A fines de la década del ’80 se podía observar una economía fuertemente dependiente del sector agropecuario, donde la ganadería seguía ocupando la mayor parte de la superficie (80 % de las tierras aptas), y con una avanzada concentración de la propiedad de la tierra (las explotaciones mayores de mil hectáreas, siendo el 4,4% del total concentraban casi la mitad de la superficie).
La estructura industrial era poco desarrollada y con escaso valor agregado, pero además con una gran heterogeneidad y una alta concentración, a nivel sectorial, regional y de los establecimientos (en este último caso, sólo el 2% de las empresas concentraban casi el 50% de la ocupación del sector y el 67% de la producción total).

Debido al escaso dinamismo industrial y al persistente proceso de éxodo rural (entre los años 1970 y 1991, la población rural pasó del 40% a sólo el 25% del total, tendencia que continuó en los años siguientes, profundizado por la expansión del modelo sojero), la población urbana encontró ocupación parcialmente en el sector público (municipios y provincia), el comercio y otras actividades de servicio. De todas maneras, aún ocupada parte de la población activa, tenía bajos niveles de ingresos y alta precarización laboral. De allí que los indicadores de pobreza e indigencia comienzan a ser significativos en los últimos años del siglo XX.

EL NEOLIBERALISMO PERIFERICO DE LA MANO DEL BUSTISMO

Se puede afirmar que la situación socioeconómica actual y los problemas por los que atraviesa la sociedad entrerriana, es resultado en parte de la evolución histórica, pero en una parte fundamental es consecuencia de lo sucedido en la provincia desde comienzo de los años ’90, en el marco de los procesos vividos por el capitalismo a nivel internacional y nacional.

La reestructuración de la economía mundial, promovida por los sectores capitalistas más concentrados de los países centrales (con epicentro en los Estados Unidos), asigna a los países periféricos funciones cada vez más secundarias y subordinadas, en procura de una fuerte recomposición de su tasa de ganancia. Dentro de esa estrategia, hay un traslado de muchas actividades productivas hacia países con costos salariales reducidos o con gran riqueza de sus recursos naturales, y también de procesos fabriles altamente contaminantes (en especial llevando producciones primarias de elevados requerimientos de agua dulce y de nutrientes del suelo, como son la soja transgénica, los monocultivos forestales, etc).

En el caso de América del Sur, la reconversión pasa por producir en gran escala bienes que van a abastecer el mercado del norte desarrollado, afectando la diversidad productiva y la soberanía alimentaria de muchos países de la región. La promoción de este modelo tendrá como impulsores centrales a las grandes transnacionales del sector de los agronegocios, y se acompañará con una creciente presencia de inversiones y empresas extranjeras en áreas vinculadas (como transporte e infraestructura), para potenciar la rentabilidad. A su vez, se va a afectar seriamente el tejido industrial que había logrado crecer con dificultades durante la etapa de la sustitución de importaciones.

A nivel nacional, con la aplicación desde mediados de los años ’70 del proyecto de concentración, saqueo y genocidio, se producirá una larga crisis, que mostrará etapas diferentes: desde la destrucción del modelo vigente entonces, de industrialización sustitutiva con fuerte presencia de los sectores medios, hasta la preparación y surgimiento del nuevo modelo económico presente hoy, de base extractiva y con una gran polarización social.

En este período será clave lo sucedido en la década del ’90, ya que en sus primeros años se producirá la ‘demolición’ de la ISI, y simultáneamente se irán sentando las bases estructurales de su reemplazo: una economía fuertemente concentrada y extranjerizada (aunque con la presencia de socios locales representados por los grandes grupos empresariales de origen nacional), con mayor peso de los sectores y ramas dependientes del saqueo y la depredación de nuestros recursos naturales (gas, petróleo, minerales, ictícolas, forestales, y monoproducción de soja transgénica) y de un sector automotriz transnacionalizado y con baja integración nacional de sus componentes.

La convertibilidad de nuestro peso y el tipo de cambio artificialmente bajo, dejó en el camino a una gran cantidad de empresas y producciones que sin la ventaja de los recursos naturales baratos y sin el apoyo del Estado, no podían competir con la producción importada, lo que a su vez fue generando una ‘selección natural’ donde sobrevivieron los más ‘aptos’.

Al mismo tiempo, se produce la aparición de la soja transgénica, apoyada en la semilla RR y en el glifosato de Monsanto (pero además con precios relativos muy favorables y una novedosa base tecnológica), que provoca una verdadera explosión del área sembrada, la que se extiende primero en la región de la pampa húmeda y luego a zonas extra pampeanas, desplazando a otras importantes producciones de alimentos y conduciendo a una peligrosa situación de dependencia monoproductiva.

Otro pilar del modelo nacional es la creciente dependencia del capital financiero internacional, vía la deuda pública externa, impuesta primariamente en forma ilegítima por la última dictadura militar y legitimada luego en forma inconstitucional por los distintos gobiernos democráticos. El cumplimiento de los compromisos con los acreedores pasará a ser prioridad de las políticas públicas, lo cual requerirá fondos crecientes que nunca alcanzan para cumplir con la voracidad de la usura extranjera (dólares que deben generarse con el superávit comercial externo argentino, y con dinero en el Estado para comprar esos dólares con superávit fiscal suficiente).

Con este marco mundial y nacional, nuestra provincia sufrirá las consecuencias de su situación periférica y dependiente, de la mano de las políticas que llevarán adelante desde fines de la década del ‘80 los gobiernos justicialistas hegemonizados por el bustismo. La Nación logrará el apoyo cómplice de nuestros gobiernos provinciales, para lograr apoderarse de crecientes masas de recursos que les corresponden legítimamente a los entrerrianos, de acuerdo a la Constitución Nacional y a la ley de coparticipación federal de impuestos. A la vez, le transferirá a la provincia servicios (como la educación secundaria) sin el correspondiente financiamiento.

Estudios sobre lo sucedido entre los años 1991 y 2001 (vigencia de la convertibilidad) estiman entre 1.700 millones y 2.000 millones de pesos/dólares a la suma de dinero que la provincia dejó de percibir en ese período a favor del tesoro nacional, cifra que superaba ampliamente la deuda total del Estado provincial a finales de 1999 (885 millones de pesos) cuando concluyó la segunda gestión de Busti en la gobernación.

Pero el legado del justicialismo entrerriano no fue sólo la entrega cómplice de nuestros recursos al Estado central, para que éste continúe con su rol de gestor y recaudador de los intereses más concentrados del capital nacional y extranjero. También se comportó como un alumno ejemplar en la aplicación del recetario neoliberal, impulsado desde el centro del poder mundial, vía el decálogo del denominado Consenso de Washington.

Así, mucho más que otras provincias gobernadas por el justicialismo, y en paralelo a la repudiable gestión del menemismo a nivel país, las gestiones Busti-Moine-Busti se encargaron de entregar las empresas públicas entrerrianas a capitales privados, incluyendo al Banco de Entre Ríos, lo que imposibilitó luego que el fisco pudiera acudir al financiamiento del mismo cuando necesitaba cubrir sus déficits, debiendo caer en la usura de la banca privada. También en su gestión se eximió del Impuesto a los Ingresos Brutos al sector agropecuario e industrial, agravando el problema del desfinanciamiento del tesoro provincial.

Vale la pena repasar a grandes rasgos lo sucedido en esta etapa de refundación estructural de la provincia ejecutada por el bustismo.

Las formulaciones del "consenso de Washington" en Entre Ríos

La primera enunciación del llamado "consenso de Washington" se debe a John Williamson y data de 1990. El escrito concreta diez temas de política económica, en los cuales, según el autor, "Washington" está de acuerdo. "Washington" significa el complejo político-económico-militar/industrial -intelectual integrado por los organismos internacionales (FMI, BM), el Congreso de los EEUU, la Reserva Federal, los altos cargos de la Administración y los grupos de expertos. Los temas sobre los cuales existiría acuerdo son:

1-disciplina presupuestaria (políticas de ajustes contra los sectores populares, leyes de emergencia, etc.);

2-cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras);

3-reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados (recaen sobre los salarios e ingresos fijos a través de los impuestos al consumo);

4-liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés (remitir al exterior y sin control alguno, las ganancias y dividendos de las transnacionales);

5-búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos;

6-liberalización comercial (apertura indiscriminada a la importación);

7-apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas;

8-privatizaciones;

9-desregulaciones;

10-garantía de los derechos de propiedad.

La principal consecuencia de la aplicación a rajatabla del consenso de Washington implementado por el bustismo, es la inequidad social provocada, que perdura aún con niveles extremos de pobreza y exclusión social difícil de revertir. Estas consecuencias, en un contexto de “victoria del capitalismo”, son graves, y para su implementación en la provincia contaron con el beneplácito de toda la partidocracia política entrerriana, con algunos rechazos excepcionales.

Las leyes de Menem y Busti

A fines de 1989, el gobierno de Menem aprobaba dos leyes decisivas para la aplicación del neoliberalismo en la Argentina: Las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica.

La Ley Nº 23.696 de Reforma del Estado establecía las privatizaciones y concesiones a privados de las empresas estatales. Así, ordenaba privatizar entre otras ENTEL, Aerolíneas Argentinas, Líneas Marítimas del Estado, YPF, Yacimientos Carboníferos Fiscales, las radios y canales de televisión estatales, y la Junta Nacional de Granos. Además establecía concesionar empresas como Ferrocarriles Argentinos, el Correo, la Administración de Puertos, la Casa de la Moneda y otras.

Por su parte, la Ley de Emergencia Nº 23.697, disponía la Reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina, el Régimen de inversiones extranjeras al servicio del capital financiero y autorizaba la libre remisión de utilidades al extranjero. Además establecía reintegros, reembolsos y devoluciones de tributos para las multinacionales, etc.

En la provincia de Entre Ríos, la puesta en práctica del neoliberalismo sólo fue posible gracias a una camada de dirigentes identificados con el menemismo, como son los ex gobernadores Busti y Moine y muchos de los actuales gobernantes.

De esta manera, de la mano de Busti, el 27 de noviembre de 1989 se sancionaba la Ley 8.291, que adhería al régimen nacional de Reforma del Estado y Emergencia Económica de Menem y disponía también, las privatizaciones de empresas públicas en Entre Ríos.

También el gobernador justicialista Moine, se sumó a los dictados del Consenso de Washington, sancionando en el año 1993, la ley de ajustes Nº 8.706 que despidió a 2.605 agentes públicos, que fueron reincorporados luego, por el repudio social y la movilización popular. Lo mismo ocurrió con los despidos masivos e injustificados que produjo Montiel en el 2000.

En 1995, luego de su triunfo electoral, Busti impuso al gobierno de Moine un nuevo plan de ajuste y privatizaciones para la provincia que se resumían en la Ley 8.918 de Emergencia Económica Provincial, sancionada en agosto de dicho año. El trabajo sucio lo debía hacer el gobierno que se iba.

Esta norma, ampliaba y reafirmaba la política privatizadora de Busti y además, congeló salarios y adicionales por antigüedad, suspendió ascensos y recategorizaciones del personal del estado provincial; rebajó las jubilaciones y pensiones e impuso un “aporte solidario” consistente en el incremento de tres puntos en los descuentos para aportes jubilatorios.

Privatizaciones

Como resultado de estas leyes privatizadoras, se enajenaron numerosas empresas públicas a favor de grandes grupos económicos locales y capitales extranjeros, entre ellas, el Banco de Entre Ríos, la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (EPEER), el servicio público de gas natural y Canal 9 de Televisión. Se suma la escandalosa venta del Frigorífico Santa Elena a favor del grupo Constantini.

Un caso a destacar, es la privatización de la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (EPEER), la empresa pública más rentable de la provincia. Luego de haber sido vaciada, descapitalizada y endeudada por los adquirentes norteamericanos, la compañía de energía quedó nuevamente en manos del Estado provincial, debiendo hacernos cargo los entrerrianos de los manejos espurios del capital internacional asociado a los privatizadores.

El insaciable afán privatizador de Busti, en su último gobierno, hizo que el Banco de Entre Ríos, privatizado a favor del capital financiero internacional, que por conveniencia propia lo abandonó y debió volver a ser administrado por el Estado, fuera nuevamente vendido, en esta oportunidad, al grupo económico Eskenazi.

Desde su primera privatización hasta el día de hoy, se han perdido casi 2.000 puestos de trabajo.

La consecuencia más evidente del proceso de privatización llevado cabo por el justicialismo entrerriano tiene que ver con la transferencia de sectores estratégicos del Estado a manos privadas, lo cual produjo cambios estructurales en la propiedad, concentrando y consolidando la presencia de grandes capitales nacionales e internacionales en la provincia. Asimismo, acentuó la tendencia a la asociación entre los grupos económicos locales con las empresas transnacionales y selló la alianza entre el poder político y el poder financiero.

También, muchos entrerrianos perdieron su trabajo o fueron víctimas de la precarización laboral, a través de despidos, “retiros voluntarios”, peores condiciones de empleo, mayor extensión de la jornada de trabajo por igual salario, subcontratación, la sustitución del personal más antiguo, que acuñaba una rica experiencia sindical y política, etc.

La tierra en Entre Ríos

En el campo, el neoliberalismo acentuó su principal premisa: avanzar en la concentración económica de la tierra y en la centralidad del capital. Los gobiernos de Montiel, Busti, Moine y Urribarri nada hicieron para frenar la concentración y la extranjerización de tierra.

Se desmantelaron todos los programas de desarrollo rural y los gobiernos provinciales no tomaron medidas para impedir la desaparición de miles de pequeños y medianos productores.

Según datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2002, en Entre Ríos, en los últimos 15 años desaparecieron 6.835 productores, es decir, un 25,2% de los productores, lo que significa que se concentró en tierra en un 25,2%, en tan solo 15 años.

A la concentración creciente, se adiciona el fenómeno de la extranjerización de la tierra. Cada vez más, compañías foráneas invierten en Entre Ríos. También grandes inversores de otras partes del país y de países limítrofes. El 55% de las tierras de Entre Ríos no pertenecen a los entrerrianos. La mayoría de los dueños de los campos tienen domicilio en Buenos Aires y sus hectáreas están registradas a nombre de sociedades anónimas.

Muchos de los compradores de tierras entrerrianas, están sospechados de que sus inversiones provienen del lavado de dinero, del narcotráfico y de la corrupción y otros fueron encumbrados funcionarios menemistas.

Corrupción, Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y la Justicia entrerriana

La corrupción, considerada en general, es el aprovechamiento indebido del patrimonio público en beneficio particular o de un grupo. La corrupción camina y se desarrolla cuando tiene asegurada la impunidad.

Durante el neoliberalismo se incrementó la corrupción en una escala inimaginable. Los negociados van de la mano de las privatizaciones, de las desregulaciones y de los procesos de concentración del capital.

Dice Transparencia Internacional que en la Argentina, el Estado ha sido “capturado” por una red de dirigentes que lo han puesto al servicio de sus “negocios e intereses políticos”.

En los gobiernos de Busti, las denuncias por actos sospechados de corrupción fueron corrientes y ocuparon parte de la información que daba la prensa. La corrupción devino en una nueva forma de renta personal, asentada sobre el monopolio que se ejercían en las decisiones gubernamentales, significando esta práctica un enorme perjuicio económico y moral para la población de la provincia.

Entre los hechos más importantes por presuntos delitos de corrupción, se destaca el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), por la discrecionalidad con que el Estado nacional menemista otorgaba los fondos públicos a gobiernos provinciales justicialistas como los de Entre Ríos.

Durante el gobierno de Montiel, en marzo de 2000, la Legislatura sancionó la Ley 9.245, que creó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) cuya misión era investigar todos los actos ilícitos, irregulares o de corrupción, pasados y presentes, y prevenir en el futuro posibles hechos de este tipo dentro de la Administración Pública.

Los sospechados por actos de corrupción levantaron su voz contraria a la creación de este organismo de contralor. Los legisladores justicialistas votaron en contra de la creación de la FIA.

Pero el principal opositor fue el ex gobernador Busti, quien intentó desacreditarla, planteando el carácter persecutorio de la FIA, centrando sus dichos en el Fiscal de la misma, Dr. Oscar Rovira.

Ese mismo fiscal, presentó a la Justicia unos 200 hechos de presunta corrupción que involucran irregularidades por 180 millones de dólares, principalmente durante los gobiernos de Menem en el país y de Busti en la provincia.

El servicio de Justicia en Entre Ríos esta cuestionado en su credibilidad por su ineficacia y lentitud en los procesos en que se denuncian actos irregulares y de corrupción en los poderes del Estado.

Al mismo tiempo, las modificaciones que sufrió el Tribunal de Cuentas de la Provincia en esos años a manos del bustismo, al recortársele atribuciones, facultades y tiempo, facilitó que las causas prescriban.

En la larga gestión justicialista se nombraron jueces justicialistas y durante la administración radical, radicales. Con escasas excepciones. Eso se reconoce y se acepta en los tres poderes porque a los magistrados los propone el Ejecutivo con acuerdo del Senado. De esta manera, cuando un juez dicte una sentencia sobre un acto ilícito en el Estado, siempre habrá quien lo acuse y le recuerde su extracción partidaria.

Frente a los actos de corrupción de ex funcionarios de la administración pública provincial, la justicia mostró en la mayoría de los casos tardanza o ausencia casi total de investigación, y cuando se animó a emitir un fallo las penas fueron insignificantes, cuando no ridículas teniendo en cuenta el delito y los montos saqueados al Estado, lo cual alimenta el clima de impunidad en la provincia y confirma que con este sistema los “delincuentes de guante blanco” jamás serán tocados, por lo que las cárceles seguirán llenas de “perejiles”.

El cambio de siglo y la profundización de la crisis

Desde el punto de vista de la estructura productiva, a nivel provincial se acompañó desde los años ‘90 el modelo extractivo de monoproducción de soja transgénica impulsado desde la Nación, llegando en los últimos años a representar la superficie cultivada con este producto en Entre Ríos las dos terceras partes del total de los cultivos, a costa de afectarse otras importantes e históricas producciones de alimentos (tambo, ganadería, arroz, etc) y de la gravísima reducción del área de montes nativos. Este proceso agravó el éxodo de la población rural, y de la mano de su expansión fue también envenenando con glifosato y otros agroquímicos gran parte del territorio (con las nefastas secuelas de enfermedades causadas por la fumigación indiscriminada sobre zonas pobladas aledañas).

Los beneficiarios de este proceso, además de las grandes empresas que controlan los principales eslabones de la cadena agroindustrial, están entre quienes aumentaron su control sobre la propiedad de la tierra y sobre la producción agropecuaria; en especial los grandes pooles de siembra de capitales extraprovinciales (y algunos provinciales). También quienes se quedaron con la concesión de ciertos servicios privatizados (banco, puertos y transporte ferroviario).

El cambio de siglo encontró a la provincia con el único gobierno no justicialista de los últimos veintidós años, el de Sergio Montiel. Si bien no puede calificarse como neoliberal a la gestión del gobernador Montiel, tampoco su política rompió con el modelo en marcha, aunque promovió algunas iniciativas que ponían al Estado provincial como protagonista en algunas áreas (tarjeta de crédito Sidecreer, Línea aérea LAER, Hotel Mayorazgo y juegos ligados al mismo, universidad provincial, etc).

Durante el gobierno de Montiel, la provincia pasó situaciones muy difíciles desde el punto de vista económico, político y social, que obviamente fueron soportadas en gran medida por los sectores populares. Montiel no sólo recibió una provincia después del huracán neoliberal del bustismo, sino que en el contexto nacional se había iniciado un par de años antes la recesión que duraría hasta el 2002. El corset de la convertibilidad, la pérdida de recursos ante la Nación, la privatización del Banco de Entre Ríos (que antes financiaba al Estado provincial) y la fuerte caída de los ingresos tributarios (de recaudación propia y coparticipados), a lo que se sumó la deuda dejada por Busti (de 885 millones de pesos/dólares, con el 80% que vencía entre el 2001 y 2003) puso al gobierno ante dificultades casi insuperables.

El déficit elevado no tenía forma de cubrirse en la urgencia ni con mayor recaudación ni con endeudamiento, ya que este último mecanismo estaba vedado por las políticas neoliberales de la Nación (y la provincia no tenía su banco propio). Se llegó entonces a la decisión de emitir bonos para saldar deuda con proveedores y abonar los sueldos al personal activo y a los pasivos del Estado entrerriano. Las consecuencias fueron terribles para los trabajadores y jubilados provinciales, que vieron reducir drásticamente su poder adquisitivo y con ello el empeoramiento de su nivel de vida. El lógico reclamo de los gremios estatales sólo tuvo como respuesta una actitud cerrada y autoritaria del gobierno provincial, que echó más leña al fuego del conflicto social. También se sumó al reclamo el bustismo (entonces oposición política), que en forma descarada y oportunista pedía la destitución del gobernador, ocultando su responsabilidad central en la situación que se estaba viviendo.

A la pérdida del valor de los bonos se sumaron otros hechos negativos, como las acciones repudiables por parte de algunos empresarios inescrupulosos que cobraban en pesos pero saldaban sus obligaciones en bonos devaluados (a veces hasta parte de los salarios de sus empleados); lo mismo que algunos funcionarios del gobierno provincial que además de tener el privilegio de cambiar los bonos por pesos al 100 % de su valor (ante la Caja de conversión), a veces adquirían más bonos al bajo precio de mercado para hacerlos valer luego al valor nominal.

Cuando la crisis fiscal del Estado nacional generó como respuesta dos nuevos impuestos (al cheque y a las exportaciones), el problema del déficit a nivel país se fue solucionando; pero las provincias quedaron totalmente relegadas, pues en el primer caso sólo reciben (en su conjunto) menos del 15% del total recaudado, y en el segundo la totalidad de las retenciones quedan en la Nación.

El fin de la convertibilidad y la fuerte devaluación de nuestro peso provocaron el inicio de un proceso inflacionario y a la vez de una nueva etapa en la aplicación del proyecto de los sectores dominantes en la Argentina. La alta inflación redujo fuerte los costos laborales y dio más competitividad a la producción nacional (a costa de pulverizar el poder adquisitivo de trabajadores privados y públicos), a la vez que permitió una baja sustancial del gasto público y una vuelta histórica al superávit fiscal sostenido a nivel nacional. Luego, y por el mismo proceso, se fue aliviando la situación fiscal de las provincias, incluida Entre Ríos.

La recuperación de la economía argentina desde el 2003 encontró a la provincia con la tercera gestión de Busti como gobernador. En este período mejoraron sustancialmente los ingresos tributarios, tanto de recaudación propia como los coparticipables, lo que logró recomponer la situación fiscal, pero a costa del deterioro de los salarios del sector público y de mantenerse contenidos muchos gastos sociales (afectando los servicios públicos que reciben los sectores mayoritarios de la sociedad).

Sin embargo, esa abundancia de fondos que llegaron merced a una situación que ni siquiera generó la propia política provincial, no fue aprovechada tampoco para preparar a Entre Ríos ante una eventual reversión del ciclo económico, como comenzó a suceder a partir del año 2008.

Como síntesis de estos años que llevamos recorrido en el siglo XXI, podemos destacar los siguientes elementos que ponen en evidencia la absoluta incapacidad de nuestros gobernantes (en especial del bustismo que ha gobernado la provincia durante 18 de los últimos 22 años):

• Profundización de la pérdida de los recursos generados por Entre Ríos, a favor del Estado nacional, y por su intermedio, hacia los actores más poderosos y concentrados del capital. El saqueo permanente suma no sólo la pérdida de recursos coparticipables, sino también lo que la Nación recauda por las retenciones a las exportaciones entrerrianas y que no coparticipa. Esto convierte al sistema federal consagrado por la carta magna en un “federalismo de papel”, donde no existe autonomía provincial sino una burda subordinación de nuestros gobernantes a los caprichos e intereses de los sectores dominantes.

• Región Centro: durante está década y aprovechando la coyuntura política (Busti, Obeid, de la Sota) se reflotó la Región Centro, famosa por estar conformada por tres provincias que poco o nada tienen en común más que intereses geoeconómicos y un modelo agroexportador orientado cada vez más al monocultivo. El papel de Entre Ríos en esta Región es fundamentalmente como provincia de paso, debido a su ubicación. Entre los planes estratégicos no es de sorprender que figuren los principales proyectos de IIRSA consistente en la extracción de la materia prima de la zona Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Norte Argentino incluidas las provincias de la Región Centro, vía corredores bioceánicos hacia los puertos de ultramar de Chile, Uruguay y Brasil, y apoyado en la Hidrovía Paraná Paraguay.

• Desde la asunción de la gobernación, por tercera vez, por parte del Dr. Busti y luego con su sucesor Urribarri, el gobierno entrerriano ha venido contribuyendo a la concentración de la riqueza, de la propiedad de la tierra a través de latifundios, y a la consolidación del monocultivo (sojero). Las principales beneficiarias de este sistema son:

• Monsanto (de origen estadounidense) con el aumento de los pools de siembra (de orígenes desconocidos) mediante la venta de semillas año a año y su correspondiente herbicida (glifosato);
  
• Cargill (estadounidense) mediante la monopolización del comercio de granos y apropiación, en complicidad con el gobierno, de los puertos en Diamante, Hernandarias, Pueblo Brugo y La Paz, puertos que además se encuentran ubicados en la traza de la Hidrovía Paraná-Paraguay del proyecto de IIRSA;
• ALL (América Latina Logística – Brasilera) en sus negocios ferroviarios ha sido amparada por parte del gobierno (quien se encargó de la privatización del ferrocarril y cierre de la mayoría de sus estaciones generando verdaderos pueblos fantasmas), a pesar de las denuncias e incumplimientos de los contratos de concesión. También en sociedad con Agrenco (Brasilera) y Marubeni (Japonesa) se encarga de la comercialización de la soja y sus derivados, con la intención de producir agrocombustibles, construyendo la terminal portuaria Del Guazú en el extremo Sur del departamento Islas bajo la firma Delta Dock, es decir que cuentan con tren de carga (varias veces negado a los pequeños productores y a los propios puertos públicos provinciales) y puerto al servicio de la extracción de recursos de la provincia. Los tres principales directivos de Agrenco se encuentran detenidos en San Pablo Brasil acusados de maquillar balances para ocultar desvíos de recursos en beneficio propio, y financiamiento de campañas políticas;

• JBS (ex Swift Armour) en San José, tiene el monopolio de la exportación de carne.

• La contracara de este proceso de concentración de la riqueza y de los ingresos, y del saqueo de los recursos de la provincia, es el empobrecimiento, la marginalidad y la pérdida constante de la calidad de vida de los entrerrianos, cuyos sectores mayoritarios se hallan viviendo en una situación muy difícil. No sólo por la falta absoluta de ingresos (o con ingresos muy reducidos), sino también por el deterioro lamentable de los servicios básicos que debe prestar el Estado a nivel provincial y local (educación, salud, seguridad, viviendas populares, mantenimiento adecuado de los espacios públicos, etc).

• El sistema educativo es una muestra no sólo de la falta de interés de los gobernantes por su situación, sino quizás una estrategia deliberada para garantizar la existencia de una población semianalfabeta que carezca de formación y capacidad de análisis crítico, de manera que pueda ser más sencillo mantener el mecanismo clientelar de compra de conciencia a bajo precio que caracteriza la práctica de los políticos inescrupulosos que dominan la “fauna” provincial. Los bajos sueldos de nuestros docentes reflejan el lugar que asigna el gobierno a la educación, y el estado lamentable de gran cantidad de escuelas es otro botón de muestra de este neoliberalismo populista que viene conduciendo el Estado provincial.

• Actualmente el sistema de salud de Entre Ríos está colapsado (personal impago, falta de insumos, y demora en el pago a proveedores) por las políticas antes mencionadas. Provocando esto una exclusión de los más necesitados y contraponiéndose con el art. 42 de la Constitución Nacional (CN) que establece la salud como un derecho de todas las personas. No solamente se viola el art. 42, lo cual desde ya es una barbaridad, también se ve una falta de respeto a las instituciones y a la CN de parte del Poder Central, lo cual contribuye a la construcción de la autocracia y el centralismo que actualmente vivimos. Más de la mitad de los entrerrianos se atienden en un sistema de salud colapsado, y en paralelo en la salud privada se ha dado un gran crecimiento en desmedro del sistema de salud pública. Esto profundiza la exclusión y aumenta las desigualdades en lo que respecta a prestación de servicios, lo que se agrava en el caso de muchos médicos que trabajan en los dos ámbitos, contraponiéndose sus intereses particulares y los intereses de la sociedad.

• En los últimos años, luego de la destrucción menemista a nivel nacional, y de la mano del bustismo a nivel provincial, se profundizó el clientelismo y la prebenda en la política, haciendo partidismo con los servicios públicos en lugar de hacer políticas de servicios públicos. Se juega a su vez con la necesidad de los más postergados, y se apoya mediante este accionar a muchos parásitos vende ética que por una moneda no reclaman lo que es justo. De la mano de esta inmoralidad en la utilización de los recursos de la sociedad para fines personales y partidocráticos, va otra inmoralidad igualmente repudiable: la corrupción y el robo de bienes y dineros del Estado, que generalmente no llegan a “detectarse” por la falta de controles o por la complicidad de algunos miembros de la justicia que llegaron a ese ámbito promovidos por los propios gobernantes y legisladores oficialistas.

• Párrafo aparte merece el tema del ambiente, su afectación negativa por las actividades económicas contaminantes, y la creciente preocupación de sectores de la sociedad por evitar su deterioro. Dos ejemplos paradigmáticos de este modelo extrativista que se impone para los países de América del Sur, incluyendo la Argentina como uno de los principales alumnos, y que impactan de lleno sobre nuestra provincia.

- Por un lado, la radicación por parte de empresas transnacionales de las plantas pasteras en la República Oriental del Uruguay, que al instalarse sobre el río que separa ese territorio del de Entre Ríos, provoca grandes efectos contaminantes. El caso de Botnia frente a Gualeguaychú generó la reacción de todo un pueblo que ha tomado conciencia del valor de un ambiente sano para la vida humana y viene llevando adelante una lucha ejemplar en defensa de la vida, con el fin de lograr el levantamiento de la fábrica. Con más de dos años de corte de una ruta y un puente internacional, se ha enfrentado a poderosos intereses económicos y políticos, y ha logrado importantes victorias parciales, además de haber contribuido a poner en la agenda pública el tema ambiental, no sólo en la provincia sino en todo el país e incluso a nivel mundial. Cuando se comienza con la Asamblea Ciudadana Ambiental, se comienza con un sistema de democracia directa donde las cuestiones se resuelven siempre en asamblea (con voto no secreto levantando la mano), lo cual viene a ser un verdadero adelanto en la provincia, aunque con todos los inconvenientes que acarrea principalmente la falta de experiencia de este sistema (ej: falta de padrón de quienes votaban).

- Por otro lado, el ya mencionado modelo de monoproducción de soja transgénica, que encontró en Entre Ríos un ambiente propicio para su expansión, lo que además de problemas sociales provocó un peligroso impacto sobre la salud de la población expuesta a las fumigaciones de glifosato que se realizan en su producción. Luego de varios años de práctica, comenzaron a sentirse en forma cada vez más generalizada las consecuencias negativas entre quienes trabajan con este herbicida y sobre quienes habitan en lugares cercanos a la zona de fumigación (abortos, malformaciones, nacimientos prematuros, alergias y enfermedades de la piel, cáncer y muertes). Ante el accionar depredador de los responsables de esta acción y ante la inacción cómplice y repudiable de los funcionarios públicos, es la propia comunidad la que se ha puesto de pie y se ha decidido a luchar en contra de este flagelo. Por ahora son sólo grupos desperdigados en diferentes lugares del territorio provincial, pero se vienen juntando y comienzan a reclamar con más fuerza para que se frene este genocidio silencioso, que no por casualidad también está oculto por los grandes medios de comunicación.

• La afectación negativa del ambiente por este modelo económico no se circunscribe a la contaminación. Hay otros aspectos tanto o más negativos, que han tenido una menor repercusion social, como el desmonte, la degradación del suelo, la pérdida de numerosas especies, el mal manejo del agua y la alteración de los ecosistemas.

• Finalmente se puede decir que producto de tantas traiciones, actualmente hay una apatía ciudadana creciente, la cual ha naturalizado los problemas antes mencionados. Las condiciones de vida alienante de la mayoría de los entrerrianos, quienes todos los días tienen que enfrentar crudamente la vida para poder llevar el pan a su mesa, que estudien sus hijos y que tengan un servicio de salud digno, ayudan a profundizar la desesperanza de nuestro pueblo. En paralelo se puede ver cómo el discurso neoliberal ha calado muy hondo en los entrerrianos, ya que actualmente es común que muchos ciudadanos consideren que los recursos destinados a los servicios públicos son un gasto y no una inversión.

• Reconstruir todo lo anterior, es decir la confianza, las ganas de cambiar esta realidad y la esperanza deben ser algunos de los objetivos que debemos proponernos en conjunto con otros actores de nuestra sociedad.